El caso doloroso de Lucio, como el de tantxs otrxs niñxs victimas del maltrato, abuso o violencia infantil lo que debe poner en el centro del debate es la corresponsabilidad social en el cuidado y buen trato de nuestra infancia.
Argentina cuenta con instrumentos legales que brindan las herramientas e instrumentos adecuados para la protección a la niñez, pero lo que la realidad (de Lucio y otrxs) viene denunciando es la ineficacia tanto de diferentes instituciones como de una gran parte de la sociedad en el involucramiento pleno en el resguardo y cuidado de la infancia en nuestro país.
Lxs niñxs no son “propiedad” de lxs mapadres, no todxs lxs mapadres están en condiciones (por diferentes circunstancias de vida; sin pretensión de prejuzgar ni culpabilizar) de maternar/paternar con responsabilidad y ternura para una crianza respetuosa. Cada mapadre hace lo que puede, pero no siempre eso que puede, es beneficioso para el/la niñx. Es ahí entonces donde la sociedad (la familia ampliada, lxs vecinxs, el barrio, la escuela, el club, etc.) debe tener una mirada atenta a las distintas señales que todx niñx violentadx/abusadx expresa (explícita o implícitamente). Debemos acudir en su ayuda, con diferentes estrategias según los casos, poniendo en funcionamiento la corresponsabilidad social del entorno adulto, buscando las herramientas y vías institucionales más pertinentes, que ya existen pero mayoritariamente se desconocen.
El mundo adulto no puede (ni debe) excusarse en pleno siglo XXI en no involucrarse ante un niñx maltratadx porque es “asunto de otra familia”. Los sujetos más indefensos de toda sociedad es la infancia (sobre todo la “primera infancia”, precisamente la que estamos viendo como principales víctimas en los últimos casos mediáticos); y la sociedad, ese mundo adulto que le rodea no debe rehuir de su corresponsabilidad social. Y el Estado, a través de sus distintas instituciones específicas en las diferentes jurisdicciones (que no son otra cosa que conformada por adultos con formación específica y deberes como parte del Sistema de Protección que consagra la Ley 26.061) debe contar con los recursos presupuestarios adecuados para desempeñar la tarea indelegable de garantizar los Derechos a la infancia.
Aquel apotecma ancestral de que “para criar un niño, hace falta una aldea” debe interpelar al mundo adulto contemporáneo (urbano o rural, sin distinción de sectores sociales) a asumir esa obligada mirada atenta frente a cualquier niñx vulnerado en sus derechos (y no solo por el maltrato).
Jose Eduardo Machain
Especialista en Infancia
ExConsejero por Legislatura CABA en CDNNyA (2006-2017)
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