El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) presentó semanas atrás ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Tercer informe periódico alternativo sobre el cumplimiento de los derechos de los chicos y chicas en nuestro país.
En la sesión de presentación del informe, realizada en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, el CASACIDN manifestó su especial preocupación por el caso del sacerdote católico Julio César Grassi que luego de un proceso plagado de irregularidades fue condenado en junio de 2009 a 15 años de prisión, aunque no será encarcelado hasta que la condena quede firme.
El CASACIDN señaló que el hecho de que el condenado pueda visitar el lugar donde ocurrieron los abusos sexuales probados por la Justicia constituye una amenaza a los derechos de los chicos y chicas alojados en la Fundación Felices los Niños y destacó la necesidad de lograr una condena de cumplimiento efectivo para todos los casos presentados en el juicio para restituirle a los chicos víctimas sus derechos vulnerados.
Por otra parte, el informe presentado por el CASACIDN sobre los derechos del niño en virtud de su articulo 44 –que establece indicar las circunstancias y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención-, hace especial hincapié en la:
- Inexistencia de circuitos y protocolos nacionales de atención sobre las distintas manifestaciones de la violencia contra chicos y chicas.
- Permanencia de castigos corporales y torturas como práctica naturalizada de ciertas instituciones (comisarías e institutos).
- Permanencia de la internación como primera medida en las prácticas institucionales.
- Escasas políticas de formación/capacitación en prevención y detección de la violencia familiar, maltrato y abuso.
- Falta de controles en las políticas de internación para niños, niñas y adolescentes por temas asistenciales y/o penales.
También se elevó la preocupación por el crecimiento de a explotación sexual y la trata de personas, ya que predomina en Argentina la trata interna sobre la internacional.
Entre las recomendaciones efectuadas por el CASACIDN para los problemas mencionados se sugirió la apertura de espacios de alojamiento adecuados para las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. La adecuación de las instituciones, en torno a la organización y prácticas de intervención, a la normativa nacional (Ley 26.061). La Reglamentación del Decreto, sancionado en 2008, del Programa Nacional de Trata de Personas y Asistencia a sus Victimas (Ley Nac. 26.364), como así también la profundización de campañas -especialmente en el ámbito escolar- sobre explotación sexual, trata de niños y niñas y violencia de género.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recibió las preocupaciones señaladas durante la pre-sesión de la que también participaron otras organizaciones. Estos cuestiones serán examinadas nuevamente cuando, en junio de este año, los representantes del Estado Argentino se reúnan con el Comité de los Derechos de los niños de la ONU en la sesión durante la cual se discutirán los informes del Estado Parte a la luz de la Convención y se formularán acciones concretas para mejorar la situación de los derechos de los niños y niñas de Argentina.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
La aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño se supervisa mediante un sistema de informes que los Estados Partes en el tratado deben presentar ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, un órgano de expertos independientes que tienen la responsabilidad de examinar los avances realizados por los Estados en el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Convención y de los Protocolos Facultativos.
El Comité intenta establecer un diálogo constructivo con los Estados Partes a fin de obtener una evaluación completa de la situación de los niños en un determinado país. Para ello también solicita un informe complementario o información adicional a otras fuentes, como las organizaciones de la sociedad civil que tienen la oportunidad de presentar, meses antes que se realice la sesión de evaluación del informe del Estado, sus propios informes.
Durante la sesión plenaria, el Comité examina el informe en presencia del gobierno, invita a los representantes a responder las preguntas y comentarios planteados por los miembros del Comité, con el fin de comprender plenamente la situación del país. Al término del diálogo, el Comité examina el informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones finales".
