Declaración del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y FamiliaEn las últimas semanas se ha instalado con fuerza en los medios de comunicación masiva y, consecuentemente, en una parte importante de la opinión pública, la idea de que uno de los factores determinantes de la inseguridad son los delitos graves cometidos por personas menores de 18 años y, en particular, por adolescentes “no punibles”; es decir menores de 16 años. Quienes trabajamos con adolescentes podemos afirmar que identificarlos como protagonistas principales de la inseguridad es una idea falsa y peligrosa.
Es falso atribuir la inseguridad a las conductas adolescentes porque la experiencia enseña que la incidencia de los delitos cometidos por ellos es limitada en el panorama general de los ilícitos graves que se cometen en todo el país. No existen estudios serios que avalen esos postulados. Por el contrario, el reciente informe “Adolescentes en el Sistema Penal”, publicado por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto a UNICEF y la Universidad de Tres de Febrero ilustra, mediante un abordaje serio de la problemático sobre la verdadera dimensión de la cuestión penal juvenil.
Señalamos que, además de falsa, es una idea peligros. La “demonización” de los adolescentes pobres redunda en discriminación cuando no en maltrato y abuso policial contra ellos. Por otra parte, si la idea de una adolescencia peligrosa termina volcándose en la reforma del régimen penal juvenil, lejos de adecuar nuestra obsoleta legislación a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, culminaremos dotándonos de un marco legal que, revestido de algunas garantías procesales, acentúe la descarga punitiva sobre los adolescentes.
Este Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia –conformado por las representaciones de las máximas autoridades de infancia y adolescencia en nuestro país- entiende que es tarea imprescindible abordar la problemática de los adolescentes infractores a la ley penal desde una perspectiva reflexiva, de mirada integral, que contemple el pleno respeto de los DDHH de la sociedad en su conjunto y la vocación de avanzar en una respuesta adecuada y efectiva.
Por ello rechazamos todo intento de estigmatizar a nuestros adolescentes, constituyendo en el imaginario social una falsa perspectiva que los ubica como principal amenaza para la convivencia social. El planteo de reducir la edad de imputabilidad conlleva una simplificación que, de imponerse, solo agravara los problemas. El necesario debate acerca de cómo sancionar conductas ilícitas no puede ocultar o tergiversar el fondo de la cuestión, que es la necesidad de fortalecer los mecanismos y políticas de inclusión social, de ejercicio de ciudadanía, de promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. No hay, lo sabemos, mejor prevención que la inclusión.
El Estado debe dar una respuesta adecuada frente a aquellos casos en que un adolescentes comete una infracción grave a la ley penal. Este Consejo Federal, el 22 de junio de 2007, se pronunció sobre la necesidad de avanzar en un proceso de reforma y/o derogación del actual régimen penal de la minoridad, en la perspectiva de consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil de los derechos de los adolescentes.
Asimismo, el 18 de abril del corriente año, se suscribió por unanimidad un acta compromiso que contiene los lineamientos estratégicos que deben regir el proceso de creación, reforma y/o fortalecimiento de los dispositivos penales juveniles bajo la dependencia de los gobiernos nacionales y provinciales. En el marco de estos acuerdos se vienen desarrollando acciones concretas, para que las políticas públicas en materia penal juvenil, garanticen que las medidas sancionatorias impuestas a adolescentes infractores a la ley penal sean acompañadas efectivamente por medidas tendientes a fortalecer sus capacidades de ejercer derechos, asumir obligaciones, respetando el derecho de los otros, promoviendo proyectos de vida constructivos.
Estamos absolutamente convencidos que, como adultos y miembros de una comunidad, debemos asumir la responsabilidad colectiva de construir una sociedad capaz de resolver sus conflictos, por más grave que sean, de una manera democrática, participativa, inclusiva y con oportunidades para todos.
Bs As, 7/11/2008
Representantes del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia firmantes:
- San Juan
- Misiones
- Corrientes
- Rio Negro
- Tierra del Fuego
- Santiago del Estero
- Santa Cruz
- Tucumán
- Mendoza
- Córdoba
- La Pampa
- Chaco
- Salta
- Jujuy
- Chubut
- Entre Ríos
- Santa Fe
- Formosa
- Buenos Aires
- Catamarca
- La Rioja
- Neuquén
- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
